Si ni siquiera el Director General de Tráfico respeta los límites de velocidad, está claro que no se pueden tomar éstos para justificar unas inversiones millonarias (en euros), en teoría para prevenir accidentes y en la práctica sólo para multar más y para favorecer la carrera política del susodicho...
La DGT no puede ser juez y parte, la prevención de los riesgos del tráfico debe ser asumida por un organismo independiente no sancionador para que sea verdaderamente eficaz.